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La empresa solicita un mejoramiento directo en la calidad del servicio ofrecido.
American Water de Nueva Jersey presentó una solicitud ante el consejo de administración de la compañía para que se establezcan nuevas tarifas. El objetivo es financiar inversiones por valor de más de 1.400 millones de dólares hasta diciembre de 2026. Para los clientes típicos, esto significa un aumento mensual de aproximadamente 10 dólares en el caso del agua y 8 dólares en el caso de las aguas residuales.El dinero se destina a proyectos específicos: la reposición o rehabilitación de casi 120 millas de infraestructura que está en mal estado; la continuación de los trabajos para reemplazar las tuberías que contienen plomo; y la inversión en soluciones para los contaminantes emergentes como los PFAS. En otras palabras, se trata de una actualización necesaria y esperada desde hace tiempo, para mejorar las tuberías que se encuentran bajo las calles y los sistemas de tratamiento del agua, con el fin de garantizar la seguridad del agua potable.
La pregunta central, tanto para el cliente como para la empresa, es muy sencilla y basada en el sentido común: ¿Es este aumento de 10 dólares al mes un precio justo para un sistema más seguro y confiable? La empresa presenta esto como un compromiso con la calidad y la asequibilidad, incluso proponiendo que los beneficios fiscales se transfieran al cliente. Pero el valor del stock depende de si el público y las autoridades consideran esta inversión como algo esencial y si ese precio se considera razonable. Se trata de un clásico equilibrio entre utilidad y costos: pagar más ahora para obtener un sistema que no fallará en el futuro.
Vamos a echar un vistazo a este plan que cuesta 1.4 mil millones de dólares. El propósito declarado de la empresa es muy claro:
Esa es la promesa que se hace. En la práctica, esto significa reemplazar o rehabilitar casi 120 millas de tuberías viejas, además de continuar con el trabajo de reemplazo de las líneas de suministro que utilizan plomo. Estos son los ajustes necesarios a largo plazo, algo que todos los sistemas de servicios deben hacer. No se puede lograr que un sistema “decadente” funcione de forma instantánea; simplemente, el sistema va envejeciendo con el paso de los años, y se vuelve más propenso a las fugas, roturas y riesgos de contaminación.
La pregunta clave es si se trata de una situación urgente, como un “agujero en la presa”, o simplemente del costo previsto para mantener un sistema que ya tiene 100 años de antigüedad. Las pruebas indican que se trata de algo que requiere un proyecto masivo y de varios años, y no de una reparación de emergencia. La atención que se presta a las líneas de plomo y a los contaminantes emergentes como el PFAS demuestra que se trata de un enfoque proactivo, aunque costoso, para garantizar la seguridad a largo plazo. Este tipo de mantenimiento es necesario para un servicio público, y no se trata de una crisis inesperada. La estabilidad del precio de las acciones depende de si el mercado considera estas inversiones como algo esencial y predecible.
Ahí es donde entra en juego la New Jersey Board of Public Utilities (BPU). Su función es asegurar que las tarifas se basen en…
Ellos son los árbitros. La empresa presenta su solicitud, analiza los costos involucrados y luego el BPU, con la ayuda de un abogado especializado en asuntos relacionados con las tarifas, revisa todo lo relacionado con el asunto. El proceso puede durar nueve meses o más. En resumen, el precio final que se establecerá para los clientes no será decidido por la empresa sola. Será determinado por si el BPU considera que las inversiones propuestas son necesarias y también son la forma más económica de llevarlas a cabo. Por ahora, el plan está sobre la mesa, pero la decisión definitiva aún está por venir.La cantidad de $10 al mes es un número considerable para el presupuesto de una familia. Pero se trata de solo una pequeña parte de un problema mucho más grande. Este costo no es un gasto único. Es la siguiente etapa en un proceso más largo.
Se trata de modernizar un sistema que ha estado en uso durante décadas. La empresa solicita una financiación constante durante los próximos tres años, con el objetivo de reemplazar 120 millas de tuberías, seguir controlando las líneas de plomo y enfrentarse a nuevas amenazas como el PFAS. El resultado final será un sistema más seguro y confiable. La pregunta es si el precio de este mejoramiento a largo plazo es justo.Las matemáticas se complican, ya que la empresa también requiere realizar un equilibrio regulatorio. Quiere reembolsar los impuestos sobre las recepciones brutas directamente a los clientes. A primera vista, esto parece una buena opción para mejorar la asequibilidad de los productos. Pero en realidad se trata de una maniobra técnica. La empresa busca obtener permiso para compensar otros costos regulatorios con ese reembolso, antes de distribuir el resto de los fondos. Es una forma de aliviar los efectos negativos del aumento de los impuestos, pero esto no cambia la necesidad fundamental de la empresa para invertir. En cuanto a las acciones, esto demuestra que la empresa intenta manejar la situación desde el punto de vista de las relaciones públicas. Pero, en realidad, lo importante sigue siendo cubrir los costos reales.
Sin embargo, el precio final no está en manos de la empresa. El Consejo de Servicios Públicos de Nueva Jersey (BPU) revisará la solicitud, analizará los costos y celebrará audiencias públicas. Este proceso…
Se necesita la aprobación oficial para que esto se pueda llevar a cabo. Es una espera larga y incierta. La propuesta de la empresa es simplemente un punto de partida. El BPU decidirá si los proyectos son necesarios, si los costos son razonables, y si el aumento de tarifas propuesto es la forma más justa de financiarlos. Por ahora, el número de 10 dólares al mes es solo una propuesta, no una garantía.Entonces, ¿el precio coincide con el valor del producto? En el mundo real, la respuesta depende de las decisiones tomadas por la BPU. La empresa ofrece un producto claro y esencial: un sistema más eficiente. El riesgo de ejecución es bajo, ya que se trata de costos a largo plazo predecibles para operar una empresa regulada. El mayor riesgo radica en los problemas políticos y regulatorios. Si la BPU considera que los costos son demasiado altos o que la devolución de impuestos no es suficiente, podría aprobar un aumento menor. Eso ejercería presión sobre los ingresos futuros de la empresa. Pero si aprueban el plan, esto asegurará un flujo de ingresos constante para las actualizaciones prometidas. El futuro de las acciones estará ligado a esa decisión regulatoria.
La tesis de inversión para New Jersey American Water ahora depende de un solo acontecimiento, que ha estado retrasado durante mucho tiempo: la decisión del Consejo de Servicios Públicos de Nueva Jersey. Este es el principal catalizador para el proceso de toma de decisiones. Después de que la empresa presentó su solicitud de tarifas el 16 de enero, comienza a transcurrir el tiempo necesario para tomar una decisión.
El BPU llevará a cabo audiencias públicas, examinará el plan de 1.4 mil millones de dólares y decidirá si el aumento propuesto de 10 dólares al mes es la forma más justa de financiar las mejoras prometidas. Hasta que se tome una decisión definitiva, todo el plan financiero y operativo permanecerá en suspenso. En cuanto a las acciones, esto genera un período prolongado de incertidumbre; probablemente no se llegue a una decisión hasta finales del verano o del otoño.Un riesgo importante que hay que tener en cuenta es la resistencia regulatoria, causada por la percepción pública. La empresa solicita un aumento significativo en las facturas mensuales. El BPU observará cómo reacciona el público. Si los clientes consideran que el aumento de las tarifas es demasiado grande, en comparación con las mejoras visibles – como la sustitución de una tubería vieja por una nueva en su área –, entonces el BPU podría oponerse a esa propuesta. Este es un clásico “test de percepción del público” para una compañía de servicios públicos. La propuesta de la empresa de recuperar impuestos es un movimiento de relaciones públicas, pero no cambia el monto real del aumento. El verdadero riesgo es que el BPU, bajo presión de los defensores de los consumidores o debido a las opiniones políticas, apruebe un aumento menor del que se solicita. Eso ejercerá una presión directa sobre las ganancias futuras de la empresa y sobre su capacidad para financiar el plan de inversión completo.
Entonces, la ejecución es lo más importante. La empresa ha prometido reemplazar o rehabilitar casi 120 millas de tuberías, y también continuará con los trabajos relacionados con las líneas de transporte de agua. El valor a largo plazo de la acción depende de la capacidad de la empresa para llevar a cabo este proyecto de infraestructura de manera eficiente y dentro del presupuesto establecido. Cualquier exceso en los costos o retraso en la ejecución del proyecto podría afectar negativamente la viabilidad financiera de la propuesta. Los inversores deben estar atentos a los informes trimestrales sobre los avances en el proyecto y los gastos incurridos. En resumen, la aprobación por parte de BPU es solo el primer paso. La verdadera prueba será si la empresa puede poner en práctica su plan y lograr las mejoras prometidas, sin sobrepasar el presupuesto establecido.
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