La deuda problemática de Venezuela y el papel de la intervención estadounidense: ¿Un camino hacia la recuperación de los valores?

Generado por agente de IAEdwin FosterRevisado porAInvest News Editorial Team
miércoles, 7 de enero de 2026, 2:44 pm ET3 min de lectura

La crisis de la deuda soberana en Venezuela, que ya dura ocho años, ha servido como un ejemplo clásico de cómo las dinámicas geopolíticas y legales pueden influir en las perspectivas de recuperación de valor para los acreedores. Los pasivos externos se estiman en entre 150 y 170 mil millones de dólares, incluyendo bonos incumplidos, préstamos bilaterales y sentencias de arbitraje. La estructura de la deuda del país es una de las más complejas de la historia moderna. Un factor clave en este panorama es Estados Unidos, cuyas intervenciones diplomáticas y legales han tanto limitado como permitido posibles vías de reestructuración. Este análisis explora cómo la influencia de Estados Unidos, basada en precedentes históricos y realidades geopolíticas, podría catalizar o obstaculizar la recuperación de valor para los acreedores.

Los Estados Unidos como guardián y ejecutor de las normas legales

Los Estados Unidos se han posicionado como el “guardián de facto” de los mercados financieros mundiales para Venezuela. Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro desde 2017 han impedido que el país acceda al financiamiento internacional sin contar con licencias especiales. Esto ha generado una dependencia de la aprobación de los Estados Unidos para cualquier tipo de reestructuración creíble.

Estas medidas, aunque tienen como objetivo presionar al régimen de Maduro, también han permitido que los tribunales estadounidenses puedan ejecutar las resoluciones arbitrales contra Venezuela. Por ejemplo, Citgo, la refinería con sede en Estados Unidos y propiedad de la compañía petrolera estatal PDVSA, se ha convertido en un punto focal para las reclamaciones de los acreedores. Un tribunal de Delaware ya ha emitido sentencias por un monto aproximado de 19 mil millones de dólares contra PDV Holding, la empresa matriz de Citgo, lo que permite que acreedores como ConocoPhillips y Crystallex puedan llevar a cabo acciones para recuperar sus activos.Español:

Sin embargo, esta aplicación de la ley es un arma de doble filo. Mientras que permite que ciertos acreedores obtengan beneficios económicos, también fragmenta el proceso de reestructuración. A diferencia de las reestructuraciones soberanas tradicionales, donde se puede negociar un proceso unificado, la deuda venezolana está distribuida entre acreedores bilaterales (China, Rusia), demandantes de arbitraje y tenedores de bonos. El sistema legal estadounidense enfatiza en el cumplimiento de las reclamaciones individuales.Los riesgos son aquellos que prolongan la crisis, al impedir la firma de un acuerdo de reestructuración integral.

Antecedentes históricos: Argentina y Ecuador

Para evaluar la posibilidad de una recuperación de valor en Venezuela, mediante la intervención de Estados Unidos, es útil examinar casos históricos en los que la influencia estadounidense tuvo un impacto significativo en las condiciones de la deuda soberana. Por ejemplo, la reestructuración de la deuda argentina en 2015 estuvo profundamente relacionada con los marcos legales estadounidenses. Las reestructuraciones de Argentina en 2005 y 2010 incluían cláusulas “pari passu”, reguladas por la legislación de Nueva York. Estas cláusulas permitían que los acreedores que se negaron a pagar fueran demandados para obtener el pago completo de sus deudas. Una orden judicial estadounidense que impedía que Argentina pagara al 93% de sus acreedores, a menos que también se pagara a los acreedores que se negaron a pagar, causó un punto muerto, obligando al país a caer en incumplimiento hasta el año 2016.

Este caso destaca cómo la jurisdicción legal estadounidense puede aumentar el poder de los acreedores minoritarios, complicando así los esfuerzos por llevar a cabo una reestructuración más amplia.

La reestructuración de la deuda del Ecuador en el año 2000 ofrece otra perspectiva. Al utilizar una estrategia de “consentimiento para la salida” –fomentada por los instrumentos legales establecidos en Nueva York–, Ecuador logró reestructurar una deuda de 9.3 mil millones de dólares, con un ajuste del 60% para los acreedores que aceptaron las condiciones propuestas.

Aunque este enfoque evitó los prolongados litigios que se han producido en Argentina, también puso de manifiesto los riesgos derivados de la fragmentación de los acreedores. Para Venezuela, donde la deuda está aún más dispersa, tales estrategias requerirían una coordinación sin precedentes entre los acreedores. Además, el escenario se complica debido a las sanciones estadounidenses y las rivalidades geopolíticas.

Realidades geopolíticas y el camino a seguir

La intervención de Estados Unidos en Venezuela no es puramente financiera; es una intervención profundamente geopolítica. La deposición de Maduro en enero de 2025, y la posterior declaración del presidente Donald Trump de que Estados Unidos manejaría Venezuela hasta que se produjera una transición pacífica.

Indica un cambio de la presión económica hacia una participación política directa. Esto plantea preguntas cruciales: ¿Utilizarán los Estados Unidos su influencia para facilitar una reestructuración que equilibre los derechos de los acreedores con la estabilidad económica? ¿O será que su enfoque en el cambio de régimen y en la influencia regional priorice los resultados políticos sobre el pragmatismo financiero?

Una reestructuración viable requeriría varios pasos. En primer lugar, sería necesario reducir las sanciones para que Venezuela pueda volver a ingresar al mercado de capitales. En segundo lugar, se necesitaría un proceso estructurado, que podría involucrar al FMI, para abordar la carga de deuda del país, que asciende a los 150-170 mil millones de dólares, lo cual supera el 300% del PIB.

En tercer lugar, los tribunales estadounidenses tendrían que mediar entre los demandantes de arbitraje y los intereses de los acreedores en general, con el fin de evitar la fragmentación que se observa en Argentina.

Sin embargo, el camino está lleno de riesgos. El colapso económico de Venezuela, la hiperinflación y la inestabilidad política hacen que sea una apuesta arriesgada para los inversores. Incluso si se negocia una reestructuración del país, su capacidad para pagar sus deudas sigue siendo dudosa. Como señala un analista, “Los Estados Unidos podrían actuar como un respaldo, permitiendo que las compañías petroleras estadounidenses inviertan en el sector petrolero venezolano. Pero esto requeriría un nivel de voluntad política y coordinación que está lejos de estar garantizado”.

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Conclusión: Un equilibrio delicado

El escenario de la deuda de Venezuela es un microcospo de los desafíos más generales relacionados con las reestructuraciones soberanas: la tensión entre la aplicación de las leyes y las acciones colectivas, el papel de la poder geopolítica, y el equilibrio entre los derechos de los acreedores y la sostenibilidad de los deudores. Estados Unidos, como actor tanto en la aplicación de las leyes como en el ámbito geopolítico, ejerce una influencia significativa sobre el resultado de estos procesos. Aunque sus intervenciones han permitido la recuperación parcial de las deudas de los acreedores, especialmente a través de las sentencias arbitrales, también han dificultado una reestructuración integral.

Para los inversores, lo más importante es que la recuperación del valor en Venezuela no dependerá únicamente de las fuerzas del mercado, sino también de la interacción entre las políticas estadounidenses, los marcos legales y la estrategia geopolítica. Las lecciones aprendidas de Argentina y Ecuador sugieren que, aunque la participación de Estados Unidos puede crear oportunidades, también introduce volatilidad. En este contexto, la paciencia y una comprensión detallada de la economía política serán tan importantes como el análisis financiero.

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Edwin Foster

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