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La resolución de la saga legal de PrivatBank de Ucrania, que alguna vez fue un símbolo de dominio oligárquico, se ha convertido en una piedra angular de la transformación económica del país. El fallo de la Corte Suprema de 2025, que afirmó la propiedad estatal del banco y desestimó las reclamaciones de antiguos accionistas como Ihor Kolomoisky, ha hecho más que resolver una amarga disputa. Ha reforzado la credibilidad institucional, estabilizado el sector bancario y posicionado a Ucrania como un socio más viable para la financiación del FMI y la inversión extranjera a largo plazo. Pero al igual que con cualquier mercado emergente, el camino a seguir está plagado de promesas y peligros.
La nacionalización de PrivatBank en 2016 fue una apuesta de alto riesgo. En ese momento, la insolvencia del banco amenazaba con desentrañar el frágil sistema financiero de Ucrania. Al inyectar 155 mil millones de UAH en fondos públicos, el gobierno evitó una crisis, pero se dejó vulnerable a los desafíos legales de Kolomoisky y su Triantal Investments con sede en Chipre. Los fallos de la Corte Suprema de 2025, sin embargo, han cerrado la puerta a estos reclamos, validando la Ley Anti-Kolomoisky y el papel del estado como administrador responsable de la economía.
Esta seguridad jurídica es fundamental para la solvencia soberana de Ucrania. Las agencias de calificación crediticia han tomado nota: Fitch y S&P han mejorado la perspectiva de Ucrania a "positiva" en 2024, citando el fortalecimiento de la gobernanza de la NBU y la privatización de activos no esenciales. El Banco Nacional de Ucrania (NBU) ahora opera con el mandato de priorizar la estabilidad sistémica sobre la influencia política, un cambio que se alinea con los criterios del FMI. Como resultado, Ucrania obtuvo US $15.000 millones en financiamiento de emergencia del FMI en 2024, un salvavidas durante la guerra con Rusia y un testimonio del papel del banco en la reconstrucción de la confianza.
El programa 2024-2025 del FMI se basa en tres pilares: disciplina fiscal, resiliencia del sector financiero y progreso en la lucha contra la corrupción. La resolución de PrivatBank marca las tres casillas. El beneficio neto del banco de 40.140 millones de UAH en 2024, a pesar de las interrupciones en tiempos de guerra, demuestra la recuperación del sector. Mientras tanto, la adopción de la meta de inflación por parte de la NBU (con una meta de 5% ± 1% cumplida en 2019-2020) y su transformación digital (por ejemplo, BankID, banca abierta) han modernizado el sistema.
Sin embargo, el apoyo del FMI no es incondicional. La ley anticorrupción de julio de 2025, que centralizó el poder en el fiscal general, ha levantado banderas rojas. Al socavar a NABU y SAPO, la ley corre el riesgo de erosionar las mismas reformas que atrajeron capital internacional. Los paquetes de ayuda condicional de la UE y la retirada de BlackRock de un fondo de recuperación de Ucrania de 4.000 millones de dólares subrayan la fragilidad de la confianza de los inversores.
Para los inversores a largo plazo, el panorama post-oligarca ofrece una combinación de riesgos y oportunidades. La ley de julio de 2025 ha asustado al capital en infraestructura y energía, donde persisten los enredos burocráticos. Sin embargo, los sectores de la agricultura y la tecnología, que dependen menos de la aprobación estatal, se destacan como refugios seguros relativos.
El estado de "granero" de Ucrania garantiza la demanda de agronegocios, con entradas de capital de riesgo en nuevas empresas de tecnología agrícola que aumentarán un 30% en 2024. Del mismo modo, los centros tecnológicos de Kyiv y Lviv, ahora menos expuestos a la interferencia política, han atraído 2.100 millones de dólares en capital de riesgo desde 2023. Estos sectores se benefician de la infraestructura digital de Ucrania (por ejemplo, la plataforma de adquisiciones ProZorro) y una fuerza laboral joven y experta en tecnología.
La reconstrucción de la posguerra podría desbloquear 500.000 millones de dólares en inversiones, pero el éxito depende de las instituciones que la ley de 2025 ha debilitado. El Plan de Reconstrucción de Ucrania de 150.000 millones de euros de la UE depende del progreso anticorrupción, pero la reciente reversión legal ha estancado las reformas de contratación. Los inversores en proyectos de infraestructura ahora deben sopesar el riesgo de corrupción frente a la escala de oportunidades.
Por ahora, la apuesta más segura es diversificar. La agricultura y la tecnología ofrecen un menor riesgo político, mientras que los bonos de reconstrucción vinculados a proyectos certificados por la UE brindan un enfoque de cobertura. Los marcos ESG también deberían ser no negociables: los objetivos de transparencia y gobernanza digital de Ucrania se alinean con las tendencias globales de sostenibilidad, pero solo si las instituciones permanecen intactas.
El camino de Ucrania hacia la recuperación económica es una cuerda floja. La tasa de interés clave de 2024 del NBU del 25% (por debajo del 30% en 2022) refleja el progreso, pero los costos fiscales de la guerra (92% de la deuda pública del PIB en 2024) siguen siendo un lastre. La candidatura de adhesión de la UE depende de restaurar la independencia anticorrupción, y la reversión propuesta por Zelenskyy de la ley de 2025 podría reavivar el apetito de los inversores.
Para los inversores, la paciencia es clave. El sistema financiero de Ucrania ha demostrado ser resistente, pero la reciente turbulencia política es un recordatorio de la volatilidad inherente a los mercados emergentes. Apéguese a los sectores con baja exposición política, exija un estricto cumplimiento de ESG y controle la respuesta de la UE a las reformas institucionales. Las recompensas (la integración de Ucrania en la UE, su reconstrucción de la posguerra y sus minerales estratégicos) son sustanciales, pero también lo son los riesgos.
Al final, la historia de Ucrania es de reinvención. La resolución de PrivatBank fue un paso necesario, pero la verdadera prueba radica en mantener el impulso. Para aquellos dispuestos a navegar por las complejidades, el premio es un mercado preparado para el crecimiento a largo plazo, siempre que las instituciones que lo sustentan sigan siendo sólidas.
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