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La orden ejecutiva del 11 de diciembre de 2025, titulada…Protegiendo a los inversores estadounidenses de los asesores de votación de propiedad extranjera y con motivaciones políticas.Representa un cambio significativo en el panorama regulatorio relacionado con la inversión en ESG y la gobernanza corporativa. Al dirigirse a entidades como Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis, que controlan más del 90% del mercado de asesoramiento sobre políticas corporativas, este orden busca reducir la influencia de agendas no financieras, como los factores de diversidad, equidad e inclusión, así como los factores ambientales, sociales y de gobernanza, en la toma de decisiones corporativas.
Este movimiento, presentado como una forma de proteger los retornos de los inversores, tiene consecuencias significativas para los riesgos y oportunidades financieras a largo plazo en las estrategias de ESG y gobernanza corporativa.La orden ejecutiva establece una revisión integral por parte de varias agencias relacionadas con la supervisión de los consejeros de accionistas. La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) tiene la tarea de revisar y modificar las regulaciones que permiten a los consejeros de accionistas promover “objetivos políticamente motivados”, incluyendo iniciativas relacionadas con factores como la diversidad e inclusión e los indicadores de sostenibilidad ambiental y social.
Al mismo tiempo, la Comisión Federal de Comercio tiene la tarea de investigar posibles infracciones de la ley antimonopolio. Además, el Departamento de Trabajo debe reevaluar el estatus de confianza de los consejeros de acción colectiva según lo establecido en ERISA.Estas acciones indican un esfuerzo coordinado para redefinir el papel de los “proxy advisors”, cambiando el enfoque desde una perspectiva de gobernanza integral hacia un enfoque centrado en los retornos financieros específicos.Las empresas que emiten acciones públicas ya han comenzado a adaptarse a esto. Por ejemplo, ISS ha revisado sus directrices para la votación de las acciones públicas, con el objetivo de evaluar las propuestas relacionadas con factores ESG caso por caso, en lugar de seguir recomendaciones generales y uniformes.
De manera similar, Glass Lewis anunció planes para ofrecer directrices de votación personalizadas a partir de 2027, lo que refleja un cambio estratégico para adaptarse a las prioridades de los clientes, en lugar de seguir las agendas ESG institucionalizadas.Estos ajustes subrayan la presión regulatoria para despolíticizar los votos representativos, al mismo tiempo que se preserva la relevancia de las empresas en el mercado.
La priorización de los retornos financieros por encima de las consideraciones ESG plantea cuestiones fundamentales en la integración de estos factores. Los críticos sostienen que los factores ESG están intrínsecamente relacionados con la gestión del riesgo a largo plazo y la creación de valor, especialmente en sectores como la energía, la tecnología y los bienes de consumo.
Por ejemplo, las evaluaciones de riesgos climáticos y las métricas relacionadas con la diversidad del consejo de administración han mostrado una correlación histórica con un mejoramiento en la eficiencia operativa y en el rendimiento de las acciones.Sin embargo, la orden ejecutiva considera tales iniciativas como algo que distrae de los objetivos financieros fundamentales, lo cual está en línea con los esfuerzos políticos más amplios para derogar las regulaciones relacionadas con los criterios ESG establecidos durante la administración de Biden.Español:Este cambio ideológico genera una gran incertidumbre para las empresas y los inversores. Mientras que algunas empresas podrían reducir sus gastos relacionados con los criterios ESG en respuesta a las regulaciones, otras corren el riesgo de sufrir daños en su reputación o ser excluidas del mercado si no logran cumplir con las expectativas de los stakeholders.
La diferencia entre las políticas a nivel federal y estatal complica aún más la situación. Los estados dirigidos por los republicanos han introducido leyes que restringen las votaciones relacionadas con ESG, mientras que los estados dirigidos por los demócratas refuerzan el manejo responsable de los recursos.Este conjunto de regulaciones aumenta los costos de cumplimiento y expone a las empresas a riesgos legales, especialmente en las operaciones transfronterizas.El impacto de esta orden en el comportamiento de los inversores es igualmente crucial. Los inversores institucionales, que siempre han dependido de los consejeros de gestión para tomar decisiones relacionadas con la votación, cada vez adoptan un enfoque más activo. Por ejemplo, CalPERS, uno de los mayores inversores institucionales, ha enfatizado que realiza análisis internos en lugar de confiar únicamente en las recomendaciones de los consejeros de gestión.
Este tendencia refleja un escepticismo más general hacia los métodos de trabajo de los consejeros de acción sostenible y los conflictos de intereses que implican su doble papel en la prestación de servicios de consultoría ESG a las mismas empresas para las cuales trabajan.Español:Sin embargo, la transición hacia un sistema de votación independiente no está exenta de desafíos. Los inversores y gestores de activos más pequeños pueden carecer de los recursos necesarios para realizar evaluaciones ESG a nivel detallado, lo que podría aumentar la dependencia de los consejeros de bolsa, a pesar de las regulaciones vigentes.
Esta dinámica podría crear un sistema de dos niveles, en el cual las grandes instituciones pueden aprovechar su conocimiento interno, mientras que los actores más pequeños enfrentan mayores obligaciones en materia de cumplimiento normativo.La represión regulatoria contra los consejos de administración presenta tanto riesgos como oportunidades para la inversión en ESG. Por un lado, una menor integración de consideraciones ESG podría agravar las vulnerabilidades financieras a largo plazo. Por ejemplo, las empresas que descuidan los riesgos climáticos o las prácticas laborales podrían enfrentar mayores costos operativos, sanciones regulatorias o volatilidad del mercado.
Además, la disminución del impacto de los organismos de asesoramiento externo podría debilitar la participación de los accionistas, limitando así la presión sobre los consejos de administración para que aborden las deficiencias en la gobernanza.Español:Por el contrario, este orden puede fomentar la innovación en los marcos de análisis ESG. A medida que los consejeros de acciones se orientan hacia directrices personalizadas, las empresas e inversores podrían desarrollar estrategias ESG más adaptadas a los riesgos y oportunidades reales.
Esta cambio podría mejorar la precisión de las evaluaciones ESG, abarcando no solo métricas superficiales, sino también los desafíos específicos de cada sector. Además, la incertidumbre regulatoria podría acelerar la adopción de modelos de gobernanza alternativos, como el “capitalismo de partes interesadas”, que equilibra los objetivos financieros y sociales.Español:La orden ejecutiva del presidente Trump representa un momento crucial en el desarrollo de la inversión en ESG y en la gobernanza corporativa. Al dar prioridad a los retornos financieros sobre las consideraciones no relacionadas con los beneficios económicos, esta orden redefina el papel de los consejeros de gestión y cambia las expectativas de los inversores. Aunque este enfoque puede reducir los costos a corto plazo, corre el riesgo de socavar la creación de valor a largo plazo, al relegar los factores ESG que impulsan la resiliencia e la innovación. Para las empresas y los inversores, el camino a seguir es manejar esta dualidad regulatoria: aprovechar las perspectivas ESG cuando estas se alineen con los objetivos financieros, mientras se adaptan a un entorno donde las prioridades en materia de gobernanza son cada vez más controvertidas.
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