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El motivo inmediato que provocó los disturbios en Minneapolis fue una confrontación violenta. La semana pasada, un agente federado encargado de asuntos de inmigración disparó mortalmente a Renee Nicole Good, de 37 años, lo que desencadenó protestas en todo el país. La situación se intensificó aún más cuando, esta semana, un agente del Departamento de Seguridad Nacional abrió fuego contra tres ciudadanos venezolanos durante una persecución. Uno de ellos resultó herido. El departamento calificó este incidente como “intento de asesinato” por parte de los oficiales federales, justificando así el uso de la fuerza. Este incidente específico fue el estallido de la situación, pero las tensiones ya existían desde meses atrás, producto de una estrategia deliberada por parte de las autoridades federales.
Esa estrategia se denomina “Operación Metro Surge”. Se trata de una acción en la que miles de agentes federales, vestidos con uniforme militar, han sido desplegados en todo el estado. La política adoptada por el gobierno hacia las comunidades somalíes y latinas es explícita, y ha provocado que se presenten demandas legales contra dicha política. La American Civil Liberties Union y otras organizaciones presentaron una demanda colectiva, argumentando que esa política constituye un acto de discriminación racial. La demanda detalla cómo los agentes han arrestado a personas de Minnesota basándose únicamente en su etnia, violando así los derechos constitucionales de esas personas. No se trata de incidentes aislados, sino de una política coordinada, impulsada por el discurso del presidente, quien considera a las personas provenientes de Somalia como “basura” y exige que regresen a donde vinieron.
Esto crea un conflicto directo y volátil entre el poder ejecutivo federal y la soberanía estatal. El gobierno federal intenta imponer las leyes de inmigración mediante una presencia militarizada, mientras que las autoridades estatales y locales, junto con sus fuerzas de la Guardia Nacional, están sujetas a las constituciones y leyes estatales, que a menudo restringen tales despliegues. La reciente decisión de la Corte Suprema, que bloquea el intento del gobierno de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois, representa un precedente importante. La corte afirmó que el gobierno federal no cuenta con una base legal clara para ordenar al personal de la Guardia Nacional a actuar como fuerzas de policía dentro de las ciudades estadounidenses. Este conflicto legal es la fuente principal de tensión geopolítica. La amenaza del gobierno de utilizar la Ley de Rebelión, una ley del siglo XIX que permite que los soldados activos participen en la aplicación de la ley dentro de los Estados Unidos, es una escalada aún mayor. Este movimiento podría llevar a una crisis constitucional en todo el país. Para los inversores, esto no se trata simplemente de protestas; se trata de la fragilidad del estado de derecho y del riesgo de que el poder federal desestabilice regiones enteras.
La amenaza del gobierno de invocar la Ley de Rebelión es un poderoso instrumento político. Pero enfrenta numerosos obstáculos legales y prácticos. La reciente decisión de la Corte Suprema en Illinois establece un precedente claro y vinculante. Los jueces mantuvieron en vigor la orden de un tribunal inferior que prohibía al gobierno federal utilizar tropas de la Guardia Nacional en ese estado.
Eso permitiría que el ejército pudiera aplicar leyes dentro de un estado. Esta decisión cuestiona directamente la premisa fundamental de la Operación Metro Surge. Además, indica que la interferencia del gobierno federal en la aplicación de las leyes estatales es legalmente problemática.La propia ley establece un requisito muy alto para su aplicación. La Ley de Rebelión, que es una combinación de varias leyes que datan de 1792, exige que se cumplan ciertas condiciones antes de que pueda aplicarse. El presidente puede utilizar tropas en tres situaciones principales: para suprimir rebeliones, para hacer cumplir la ley federal cuando las autoridades estatales no pueden o no quieren hacerlo, o para proteger los bienes federales. La tercera condición, que podría aplicarse en situaciones como la de Minneapolis, requiere que las autoridades estatales…
Se trata de un obstáculo significativo, ya que se necesita demostrar el fracaso del gobierno estatal, y no simplemente una desacuerdo entre las partes. La administración tendría que demostrar que los funcionarios locales y estatales en Minnesota están obstaculizando activamente la aplicación de las leyes federales relacionadas con la inmigración. Esta afirmación es políticamente delicada y legalmente compleja.Históricamente, la amenaza suele ser más efectiva que la implementación de medidas para enfrentarla. Un análisis de los 30 casos en los que se ha aplicado esta ley en el pasado muestra que…
En muchos casos, las medidas tomadas recientemente en California, Oregón e Illinois seguían un patrón similar: el gobierno tomó decisiones audaces, pero los desafíos legales y la resistencia de los estados llevaron a una rápida retirada de esas medidas. El fiscal general de California, Rob Bonta, describió este proceso como una lucha que se desarrolló a través de “leyes especiales y preparación legal constante”.Esto indica que la actitud adoptada en Minneapolis podría tener como objetivo presionar a las autoridades estatales y locales, o ganar apoyo político. No parece que sea un signo de un plan operativo inminente.
En resumen, para los inversionistas, el uso del Acta de Rebelión sigue siendo una opción de alto riesgo y costos elevados. Su aplicación podría provocar una crisis constitucional, enfrentar desafíos legales inmediatos y podría incluso exacerbar los disturbios que pretende controlar. El precedente establecido en Illinois muestra que el camino legal es muy limitado. Además, la historia indica que las amenazas suelen lograr los resultados políticos deseados sin necesidad de recurrir al uso de medidas coercitivas. Por ahora, el poder del gobierno se basa en factores políticos, no legales.
La situación en Minneapolis es un recordatorio contundente de que el riesgo geopolítico no se limita a los campos de batalla extranjeros. Para los inversores, el riesgo principal es el riesgo soberano: el riesgo de que las acciones de un gobierno, o su incapacidad para actuar, puedan perturbar las operaciones comerciales. Este escenario afecta directamente a los contratistas federales y a cualquier empresa que tenga operaciones en áreas de alto riesgo, creando así una nueva capa de incertidumbre en la asignación de activos.
La amenaza específica para los contratistas federales es de dos tipos. En primer lugar, la política de aplicación agresiva del gobierno, detallada en…
Las acusaciones de perfilación racial y detenciones ilegales crean un entorno operativo inestable. Los contratistas que apoyan estas operaciones enfrentan daños a su reputación y posibles responsabilidades legales si su trabajo está relacionado con violaciones de derechos humanos. En segundo lugar, el presidente…Esto indica una posible escalada de los acontecimientos, que podría detener de forma repentina los proyectos federales. Si se despliegan tropas, es probable que se desate una crisis constitucional y una oleada de disputas legales. Además, esto causaría un congelamiento de los gastos y contratos federales en la región afectada.Esto conlleva un serio obstáculo regulatorio. Los conflictos legales, como el que ocurrió en Illinois, no son simplemente casos judiciales abstractos; son riesgos operativos inmediatos. La decisión de la Corte Suprema, según la cual el gobierno federal…
El despliegue de tropas de la Guardia Nacional sienta un poderoso precedente. Demuestra que el exceso de poder del gobierno federal puede ser contrarrestado por la resistencia de los estados y los tribunales. Para los planificadores corporativos, esto significa que las operaciones federales en estados políticamente sensibles son vulnerables a órdenes judiciales que pueden retrasar o detener el despliegue de tropas. El reciente retiro de tropas de California, Oregón e Illinois después de…Muestra cuán rápidamente una victoria legal puede desmontar una estrategia federal, causando así cambios repentinos en las normativas legales.La lección estratégica es clara: la resiliencia de la cadena de suministro y la planificación para casos de contingencia ya no son opciones disponibles. Las empresas que dependen de contratos federales o operaciones en regiones como Minnesota deben crear mecanismos de respaldo para enfrentar las fluctuaciones políticas. Esto implica diversificar los proveedores y las rutas logísticas, someter las operaciones a pruebas de resistencia ante escenarios de intervención federal, y mantener equipos jurídicos y de relaciones públicas sólidos para poder manejar las dificultades regulatorias. Este caso destaca que el interés nacional, definido por un gobierno controvertido, puede prevalecer sobre la estabilidad económica local y los planes corporativos. En esta nueva realidad, el valor de los activos con operaciones resilientes y diversificadas aumentará.
El camino desde la amenaza hasta la implementación es bastante corto. El mercado debe observar algunos signos claros para tomar decisiones adecuadas. El presidente…
Es una declaración política, pero su materialización depende de ciertas condiciones y de factores externos. La primera condición es el marco legal en sí. La Ley de Insurgencia establece tres condiciones distintas para que un presidente pueda proclamar la ley marcial: suprimir una insurgencia, hacer cumplir la ley federal cuando las autoridades estatales no pueden o no quieren hacerlo, o proteger los bienes federales. La justificación actual del gobierno probablemente se basará en esta última condición, argumentando que las autoridades estatales no logran proteger a los funcionarios federales. Sin embargo, la reciente decisión de la Corte Suprema en Illinois determinó que el gobierno…La decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional establece un alto requisito para demostrar que el estado no es capaz de gestionar la situación. Este precedente servirá como un control legal importante en cualquier futuro movimiento del gobierno.El factor que impulsa las acciones inmediatas es el estado de violencia y la despliegue de fuerzas federales. La situación en Minneapolis es volátil; recientemente ocurrió un incidente en el que un agente federal…
Después de ser atacados, cualquier mayor escalada de violencia contra los funcionarios federales podría obligar a la administración a tomar medidas. Esto podría llevar a que la administración recurra al uso de la Ley para ejercer control sobre la situación. Por otro lado, una reducción en la intensidad de la violencia podría disminuir la necesidad de tomar medidas drásticas. El estado de despliegue de las fuerzas federales es un indicador importante. La administración ya ha enviado una gran cantidad de tropas militares, pero la magnitud y la duración de este despliegue servirán como indicadores de si se tratará de una acción sostenida o simplemente de una manifestación temporal de fuerza.Por último, el aspecto legal es crucial. Hay una demanda presentada por el fiscal general de Minnesota, y la decisión del juez federal será un punto importante en el que se debe prestar atención. Este caso pondrá a prueba la capacidad del estado para resistir las excesivas acciones del gobierno federal. El resultado de este caso podría ser similar al de Illinois. La reciente retirada de tropas de California, Oregón e Illinois después de…
Eso demuestra cuán rápidamente una victoria legal puede desmantelar una estrategia federal. Si el juicio de Minnesota tiene éxito, creará un precedente importante y probablemente impida cualquier tipo de implementación de dicha estrategia. Esto refuerza la idea de que la amenaza es más política que operativa. El mercado debe observar los registros judiciales, no solo las noticias, para encontrar el próximo indicio decisivo.Titulares diarios de acciones y criptomonedas, gratis en tu bandeja de entrada
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