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El mercado de criptomonedas en Colombia, caracterizado durante mucho tiempo por una rápida adopción y ambigüedad regulatoria, está experimentando un cambio transformador en el año 2026. Con más de 5 millones de ciudadanos que poseen activos criptográficos, y con el país ocupando el quinto lugar en América Latina en términos de adopción de criptomonedas, se puede decir que el mercado está en una etapa de cambio significativo.
A pesar de la falta de supervisión formal, la introducción de la Resolución 000240 a finales de 2025 y la propuesta de Ley Fiscal 283/2025C indican un cambio decisivo hacia una mayor claridad regulatoria. Estas medidas están en línea con el Marco de Información sobre Activos Criptográficos de la OCDE (Crypto-Asset Reporting Framework – CARF).A la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN), mientras se redefine la residencia fiscal de los activos digitales. Para los inversores, esto representa un momento crítico: una mayor transparencia podría estabilizar el mercado y atraer capital institucional. Pero también aumenta los costos relacionados con el cumplimiento de las normativas, además de modificar las dinámicas comportamentales de los inversores.El mercado de criptomonedas en Colombia ha crecido de forma natural, como respuesta a las presiones económicas, incluyendo la inflación y la volatilidad del tipo de cambio. En 2024…
Y para junio de 2025…El nuevo marco regulatorio, en particular las reglas de información relacionadas con el CARF, tienen como objetivo integrar esta actividad informal en la economía formal.El gobierno busca reducir la evasión fiscal y alinear sus normativas con los estándares mundiales.
Esta formalización podría impulsar aún más el crecimiento, al reducir la incertidumbre para los inversores institucionales.
Los países que han adoptado las regulaciones relacionadas con los activos digitales han observado un aumento en la confianza en los mercados de activos digitales. La participación institucional ha aumentado en un 15–20% después de la implementación de estas regulaciones. Para Colombia, esto podría significar una mayor participación por parte de los bancos y las empresas tecnológicas, siempre y cuando el entorno regulatorio se mantenga estable. Sin embargo, el éxito de esta transición depende de la aplicación de las regulaciones. Si el cumplimiento de las normas es escaso o si las sanciones por incumplimiento no se aplican de manera consistente, el mercado podría fragmentarse, y los usuarios podrían buscar alternativas menos transparentes.El nuevo régimen impone cargas operativas significativas a los proveedores de servicios de activos virtuales. Resolución 000240
Y deben presentar informes anuales en formato XML antes del 31 de mayo. Estos requisitos implican la necesidad de invertir en sistemas automatizados de recopilación de datos y en personal encargado de cumplir con estas normativas, lo que aumenta los costos para las empresas más pequeñas.Los costos de cumplimiento para las compañías de servicios financieros de tamaño medio podrían aumentar en un 12–18% anualmente. En cambio, las empresas más grandes enfrentarían gastos por unidad proporcionalmente más bajos, debido a las economías de escala.Aunque estos costos pueden disuadir a los actores del nicho, también crean una barrera de entrada que podría consolidar el mercado. Las plataformas más grandes, que cuentan con infraestructura existente, como las bolsas internacionales como Wenia, son…
Para los inversores, esta consolidación podría llevar a una menor competencia, pero también a una mayor fiabilidad. Sin embargo, el riesgo de concentración del mercado debe equilibrarse con las posibilidades de innovación. Si las exigencias regulatorias suprimen la agilidad, el ecosistema de criptomonedas en Colombia podría quedarse atrás frente a jurisdicciones más flexibles.El cambio hacia la transparencia ya está modificando el comportamiento de los inversores. Antes del año 2025…
Atrae a usuarios que buscan protegerse contra la inflación o evitar las restricciones de capital. Sin embargo, con la implementación del CARF, se está terminando la era de las transacciones sin rastreo.Después del CARF, el 34% de los inversores minoristas en mercados emergentes informó que utilizaban más activos orientados a la privacidad, como Monero. Por otro lado, el 22% cambió sus fondos a plataformas offshore.Para los inversores institucionales, el nuevo régimen ofrece un perfil de riesgo más claro.
– Excluye a las entidades no residentes de la obligación tributaria en Colombia, a menos que estén vinculadas con activos nacionales. Esto reduce la complejidad jurídica. Esto podría incentivar a los VASP extranjeros a establecer presencia en Colombia, especialmente a medida que mejore la infraestructura digital del país. Sin embargo, la ambigüedad en cuanto a los “activos subyacentes” en el mismo proyecto de ley podría crear lagunas legales, lo que requiere aclaraciones adicionales para evitar disputas legales.El régimen fiscal relacionado con las criptomonedas en Colombia representa un experimento crucial para equilibrar la regulación con el crecimiento económico. Para los inversores, lo más importante es que la transparencia ya no es una opción; es un imperativo del mercado. Aunque los costos relacionados con el cumplimiento de las regulaciones y los cambios en el comportamiento de los inversores plantean desafíos, las ventajas a largo plazo de un sector formalizado —redución de la volatilidad, aumento de la confianza institucional y adecuación a los estándares mundiales— podrían superar estos riesgos. Los próximos meses pondrán a prueba si los reguladores colombianos pueden aplicar estas reglas de manera efectiva, sin obstaculizar la innovación. Por ahora, el mercado sigue siendo un escenario de alto riesgo, donde la capacidad de adaptación será lo que determine el éxito.
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