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La explotación financiera de los inversores mayores se ha convertido en un problema de gran importancia para las autoridades reguladoras, las compañías de correduría y los responsables de la formulación de políticas. A medida que la población de los Estados Unidos envejece, también aumenta la vulnerabilidad de las personas mayores a estafas y fraudes. Como respuesta, organismos regulatorios como FINRA han introducido reformas significativas para combatir este tipo de fraudes, como la prolongación de los retrasos en la ejecución de transacciones sospechosas y la implementación de medidas que retardan dichas transacciones. Estas medidas, aunque prometedoras en su intención, plantean cuestiones complejas en cuanto a su aplicación práctica, el equilibrio entre la protección de los inversores y la autonomía financiera, así como el contexto cambiante de las responsabilidades de las compañías de correduría.
En 2026, FINRA propuso enmiendas a la Regla 2165.
De 55 a 145 días laborales, en intervalos de 30 días, cuando se investiga la posibilidad de explotación financiera de inversores ancianos. Esta extensión proporciona a las empresas más tiempo para detectar señales de alerta, como patrones de operaciones inusuales o transacciones no solicitadas. Además, existe un nuevo mecanismo llamado “speed bump”.En cuanto a los gastos o transacciones en los que se sospecha razonablemente algún tipo de fraude. Estas herramientas tienen como objetivo crear un período de espera durante el cual las empresas pueden comunicarse con clientes o contactos de confianza para confirmar la legitimidad de las actividades realizadas.
Los corredores de bolsa ahora enfrentan mayores riesgos de responsabilidad si no actúan en respuesta a señales claras de alerta.
Empresas que descuidan sus obligaciones de supervisión; los fallos arbitrales y las medidas disciplinarias reflejan una tendencia a hacer que dichas empresas rindan cuentas por su inactividad. Por ejemplo, las empresas que ignoraron actividades sospechosas relacionadas con cuentas bancarias, como transferencias de dinero de grandes cantidades sin explicación alguna o cambios repentinos en las designaciones de beneficiarios, han enfrentado sanciones, incluso cuando no se confirmó que hubiera fraude alguno.Los períodos de retención prolongados y las dificultades operativas también imponen una carga adicional a las empresas de corretaje. Estas deben invertir en sistemas para rastrear y gestionar los períodos de retención prolongados, capacitar al personal para reconocer los indicadores de explotación, y documentar sus procesos de toma de decisiones con el fin de evitar posibles disputas.
Las empresas deben “implementar y documentar políticas sólidas” para garantizar el cumplimiento de las normativas, incluyendo la divulgación por escrito a los ancianos sobre el papel de los contactos de confianza.
Sin embargo, estas medidas no están exentas de controversias. Los críticos sostienen que las prolongadas demoras podrían dañar inadvertidamente las transacciones legales, especialmente aquellas relacionadas con personas mayores, quienes dependen del acceso rápido a los fondos para cubrir gastos médicos u otras necesidades urgentes.
Destacando que las intervenciones deben ser “razonables y proporcionales” al riesgo percibido.Para los inversores expertos, las reformas representan un arma de dos filos. Por un lado, las herramientas ampliadas proporcionan una defensa importante contra la explotación.
Ya se ha demostrado que es efectivo para prevenir las pérdidas en los casos en que el fraude se confirma posteriormente. La introducción de baches de velocidad agrega otro nivel de control, especialmente para las transacciones de alto riesgo.Por otro lado, los miembros de las generaciones mayores pueden resistir estas medidas debido a preocupaciones relacionadas con la privacidad o temores de que se excedan los límites legales. Algunos inversores consideran que la obligación de designar una persona de contacto de confianza como algo intrusivo e innecesario. Otros, en cambio, temen que los retrasos puedan afectar su independencia financiera.
Pero la adopción sigue siendo desigual.Solo el 30% de los usuarios senior tenían TCPs activos, lo que evidencia una falta de conciencia y cumplimiento por parte de estos usuarios.La eficacia de estas reglas se evidencia en casos específicos. Por ejemplo, en una medida disciplinaria emitida por FINRA en el año 2023, se mencionó a una empresa que no investigó una serie de transacciones importantes y sin explicación alguna realizadas desde la cuenta de un inversor senior. Como resultado, la empresa sufrió una pérdida de 200,000 dólares. Más tarde, la empresa fue sancionada por su insuficiente sistema de supervisión, lo que resalta las consecuencias legales de la inactividad.
Cómo una firma de corretaje utilizó la Regla 2165 para detener un transferencia bancaria de 500,000 dólares hacia una entidad fraudulenta, evitando así que el cliente sufriera daños irreversibles.Los análisis del sector también revelan una creciente importancia de la tecnología. Las empresas están adoptando cada vez más herramientas de monitoreo basadas en la inteligencia artificial para detectar actividades sospechosas en tiempo real, complementando así los procesos de revisión manual.
Ha formado alianzas con empresas miembro para compartir datos sobre los patrones de fraude emergentes, lo que contribuye a fortalecer las defensas colectivas del sector.A medida que estas regulaciones se vayan perfeccionando, su éxito dependerá de su implementación efectiva. Las empresas de corretaje deben encontrar un equilibrio entre la vigilancia y la confianza de los clientes, asegurándose de que las medidas de protección no se conviertan en herramientas innecesarias. Para los ancianos, el desafío radica en adoptar estas medidas de seguridad sin sacrificar su autonomía financiera. Mientras tanto, los reguladores deben seguir refinando las reglas para abordar las consecuencias no deseadas, como la reticencia de los ancianos a interactuar con los sistemas de control de pagos, o la posibilidad de errores en las transacciones.
El panorama actual refleja un cambio más amplio en el sector financiero: de una forma reactiva de cumplimiento de las regulaciones hacia una gestión proactiva de los riesgos. Aunque las sanciones extendidas y los obstáculos legales no son la solución definitiva, representan un paso importante hacia un marco más resistente para proteger a los inversores vulnerables.
“El objetivo no es imponer cargas, sino dotar a las empresas de los herramientas necesarias para actuar de manera decisiva frente a la explotación.”Titulares diarios de acciones y criptomonedas, gratis en tu bandeja de entrada
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