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La creciente presencia regulatoria del Tesoro de los Estados Unidos en el ámbito de las finanzas descentralizadas ha despertado un intenso debate sobre cómo equilibrar la lucha contra las actividades ilícitas con la preservación de la innovación. En 2025, el Departamento del Tesoro ha asumido un papel central en la definición de las políticas relacionadas con las finanzas descentralizadas, utilizando herramientas como el monitoreo de la cadena de bloques, sanciones y requisitos de informes fiscales para ejercer control sobre este sector que, históricamente, ha sido difícil de definir. Aunque estos esfuerzos tienen como objetivo mitigar los riesgos, existe el riesgo de que, al hacerlo, se suprima precisamente esa innovación que se pretende fomentar.
La iniciativa más controvertida para el año 2025 es la propuesta de los demócratas del Senado sobre aplicaciones DeFi. Esta propuesta busca someter las aplicaciones DeFi al mismo sistema de supervisión que se aplica a los intermediarios financieros tradicionales, como el proceso de identificación de clientes (KYC) y las regulaciones relacionadas con los fondos de los clientes.

El enfoque de los demócratas en el Senado contrasta claramente con la ley CLARITY aprobada por la Cámara de Representantes, así como con la ley RFIA del Comité Bancario del Senado, que fomenta la innovación financiera responsable. Estas leyes destacan las exenciones para los proyectos DeFi y promueven alianzas entre el sector público y el privado para probar nuevos tokens en un entorno regulador seguro.
El RFIA, en particular, reconoce la naturaleza no de custodia de los protocolos DeFi. Este es un aspecto crucial que evita que el Departamento del Tesoro imponga obligaciones de custodia a aquellos protocolos que carecen de un control centralizado. Esta diferencia refleja una división ideológica más amplia: una facción prioriza el control regulatorio, mientras que otra busca adaptarse a la estructura única de los protocolos DeFi.En medio de esta turbulencia regulatoria, el Departamento de Justicia ha adoptado una postura más cautelosa. En abril de 2025, el subprocurador general Todd Blanche ordenó a los fiscales que evitaran utilizar los cargos como “herramientas para hacer leyes” y que se concentraran en la intención de los actores, en lugar de establecer responsabilidades automáticas para los desarrolladores.
Esta cambio, expresado por el viceministro de justicia en funciones, Matthew R. Galeotti: “Escribir código sin intenciones maliciosas no constituye un delito”, indica que se reconoce que la innovación de DeFi depende de la protección de los creadores contra posibles abusos.Sin embargo, las directrices del Departamento de Justicia siguen siendo una solución temporal. Sin claridad legislativa, la discreción en la aplicación de las leyes hace que los desarrolladores sean vulnerables a resultados inconsistentes.Las ambiciones regulatorias del Departamento del Tesoro también se relacionan con la asignación de capital. La propuesta presentada por los demócratas en el Senado podría disuadir a los fondos de inversión de financiar proyectos DeFi con sede en Estados Unidos, dado que los costos relacionados con el cumplimiento de las normas aumentan y la incertidumbre legal persiste. Mientras tanto, la finalización por parte del Departamento del Tesoro de las reglas de declaración de impuestos, que exigen a los agentes de DeFi que informen los ingresos brutos mediante el Formulario 1099, añade otro nivel de complejidad.
Aunque estas reglas tienen como objetivo reducir la falta de cumplimiento de las normas fiscales, imponen cargas operativas a aquellos protocolos que no cuentan con infraestructuras tradicionales para el manejo de datos. El resultado es un entorno regulatorio en el que los flujos de capital favorecen cada vez más a aquellas jurisdicciones que tienen políticas más claras y más favorables para los desarrolladores.Las medidas tomadas por el Tesoro de los Estados Unidos para el año 2025 reflejan una creciente tensión entre la ambición regulatoria y la realidad tecnológica. Aunque combatir las finanzas ilícitas es indudablemente importante, la trayectoria actual arriesga a que el Tesoro se convierta en un “guardián” de la industria DeFi, un papel que no se ajusta a la naturaleza descentralizada de esta industria. Sin un enfoque basado en principios y neutral con respecto a las tecnologías, los Estados Unidos corren el riesgo de ceder su liderazgo en el ámbito de las finanzas digitales a países con marcos reguladores más adaptables. Para los inversores, lo importante es que la sobreregulación en el ámbito DeFi no es solo un problema de cumplimiento normativo; se trata también de un riesgo financiero que podría transformar el futuro de la industria.
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