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La industria criptográfica en los Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. La reciente retirada de Coinbase del apoyo al CLARITY Act ha provocado un cambio significativo en el panorama regulatorio. Este movimiento, impulsado por las preocupaciones de la plataforma respecto a las restricciones aplicables a los programas de recompensas relacionados con las stablecoins, destaca la creciente tensión entre los modelos de negocio basados en la innovación y los esfuerzos por lograr una mayor claridad regulatoria. Para los inversores institucionales, las consecuencias de esta decisión no son simplemente un asunto político, sino también una redefinición estratégica de los riesgos, la exposición y la posición a largo plazo en un mercado que todavía lucha con la ambigüedad jurisdiccional.
La Ley CLARITY, oficialmente conocida como la Ley de Claridad en los Mercados de Activos Digitales de 2025.
Se trata de monedas estables, así como de reglas relacionadas con la estructura del mercado. Además, se establece una división de la supervisión entre la SEC y la CFTC. Sin embargo, la salida de Coinbase de la coalición que promovía este proyecto ha generado dudas sobre su viabilidad. Los programas de recompensas en monedas estables ofrecidos por la plataforma, como los incentivos del 3.5% para los clientes de Coinbase One…Estos programas, que consideran las stablecoins como una clase de activos que generan ingresos, entran en conflicto con los intereses bancarios tradicionales.El sistema financiero.Brian Armstrong, el director ejecutivo de Coinbase, ha sido muy abierto en sus comentarios.
Esta postura refleja una preocupación más amplia dentro de la industria: la idea de que la regulación excesiva podría frenar la innovación y hacer que las jurisdicciones como la UE adquieran ventajas competitivas. En ese sentido, el MiCA ya está tomando forma en esa área.El retraso en la aprobación del proyecto de ley por parte de la Comisión Bancaria del Senado, tras la retirada de Coinbase, ilustra aún más la fragilidad del consenso.Para los inversores institucionales, la incertidumbre relacionada con la Ley CLARITY ha obligado a reevaluar las estrategias de gestión de riesgos.
El 55% de los fondos de inversión tradicionales ahora tienen algún tipo de exposición a los activos digitales. Esta cifra es mayor que el 47% registrado en 2024. Este crecimiento se debe, en parte, a la clarificación de las regulaciones. Sin embargo, la salida de Coinbase ha vuelto a generar volatilidad en el mercado.Los fondos institucionales están adoptando cada vez más tácticas de cobertura, como los futuros y las opciones, para mitigar el riesgo de precio en un mercado donde los cambios regulatorios pueden provocar correcciones bruscas.
Se destaca cómo la ambigüedad regulatoria puede afectar de manera desproporcionada a las criptomonedas que no tienen un estatus legal claro. Mientras tanto, los fondos familiares y los gestores de activos están diversificando sus inversiones. Algunos optan por una exposición conservadora del 1-3%, a través de ETFs, mientras que otros asumen posiciones agresivas del 7-15% en Bitcoin y Ethereum.Las cartas de no acción emitidas por la SEC en 2025, así como las directrices relacionadas con las soluciones de custodia de tokens, han aportado cierta claridad al tema. Sin embargo, la falta de un marco regulador unificado sigue siendo un obstáculo. Como señala un analista del sector, “El retraso en la implementación de la CLARITY Act ha creado un vacío regulatorio, lo que obliga a las instituciones a enfrentarse simultáneamente a los riesgos del mercado y los riesgos políticos”.
La influencia política de Coinbase en este debate es de dos tipos. En primer lugar, su modelo de ingresos basado en la moneda estable.
El flujo de depósitos se ha convertido en un indicador clave para medir la tolerancia regulatoria hacia los modelos de negocio basados en criptomonedas. En segundo lugar, la salida de la exchange del CLARITY Act ha ampliado su papel como indicador de las preocupaciones generales del sector, especialmente en lo que respecta a DeFi y los activos tokenizados.Esta dinámica plantea una pregunta crucial: ¿Pueden las autoridades reguladoras de los Estados Unidos equilibrar la innovación con la supervisión, sin perjudicar a los actores clave en el mercado? La respuesta podría encontrarse en la Ley GENIUS.Y también el marco MiCA de la UE, que ofrece un modelo para armonizar la innovación con la protección de los consumidores. Para las instituciones, el resultado del proyecto de ley CLARITY, ya sea que se apruebe o no, determinará si Estados Unidos puede mantener su ventaja en la adopción de activos digitales, o si pierde terreno ante regímenes regulatorios más ágiles.El destino de la CLARITY Act sigue siendo incierto, pero sus implicaciones para las instituciones que operan en el ámbito de las criptomonedas son claras. Como demuestra la salida de Coinbase, las batallas regulatorias no se tratan simplemente de cumplir con las normativas legales; se trata, más bien, de definir el futuro de esta industria. Para las instituciones, el camino a seguir implica un delicado equilibrio entre diferentes factores.
Y también la tokenización de activos del mundo real, al tiempo que se evitan los riesgos derivados de situaciones regulatorias prolongadas.En este entorno, la adaptabilidad es clave. Como dijo un gestor de fondos de cobertura: “La ley CLARITY puede que no sea aprobada en 2026, pero el mercado continuará evolucionando. Los ganadores serán aquellos que logren manejar las incertidumbres con agilidad, y no con resistencia”. Por ahora, el panorama de las criptomonedas en Estados Unidos sigue siendo un campo de batalla donde la influencia política, las ambiciones regulatorias y las estrategias institucionales chocan entre sí.
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