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La Ley CLARITY de 2025, oficialmente conocida como la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, representa un intento importante para resolver el conflicto regulatorio que existe entre la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos (CFTC) en relación con los activos digitales. Al clasificar los activos digitales en tres categorías distintas: activos digitales como mercancías, activos relacionados con contratos de inversión y stablecoins que están permitidas para fines de pago, esta ley tiene como objetivo establecer un marco legal que reduzca las ambigüedades legales y fomente la innovación, al mismo tiempo que proteja a los inversores.
Sin embargo, el camino hacia la implementación de estas medidas se ha visto obstaculizado por disputas partidistas y entre las industrias involucradas. Esto ha generado un estado de incertidumbre regulatoria que está influyendo en los flujos de capital y las prioridades estratégicas tanto en los mercados financieros tradicionales como en los criptomonedas.La innovación principal de esta ley radica en su intento de delimitar los límites jurisdiccionales entre la SEC y la CFTC. Los activos digitales, definidos como aquellos que están vinculados a sistemas de blockchain y que funcionan como herramientas para pagos o gestión de recursos, quedan bajo la jurisdicción de la CFTC. En cambio, los activos relacionados con contratos de inversión –por lo general, tokens vendidos a través de mecanismos de captación de capital– permanecen bajo la supervisión de la SEC.
Este marco busca reemplazar el modelo actual de “regulación a través de la aplicación de sanciones”, el cual ha hecho que los participantes en el mercado tengan que lidiar con una serie de interpretaciones contradictorias..Sin embargo, las enmiendas recientes presentadas por el Comité Bancario del Senado han introducido disposiciones controvertidas que amenazan con frustrar la implementación del proyecto de ley. La propuesta de prohibir las acciones tokenizadas y restringir los programas de recompensas relacionados con las stablecoins ha recibido fuertes críticas por parte de los líderes del sector. Por ejemplo, Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, calificó estas enmiendas como “pastillas envenenadas”, señalando su potencial para frenar la innovación y llevar el capital al extranjero.
Por el contrario, los grupos bancarios tradicionales, incluida la Asociación de Banqueros de Estados Unidos, sostienen que tales restricciones son necesarias para proteger la integridad del sistema financiero existente, frente a la competencia desestabilizadora de las criptomonedas..Este impasse también ha puesto de manifiesto las diferencias ideológicas dentro del Congreso. Las disposiciones de ética establecidas por los demócratas en el Senado, cuyo objetivo es evitar conflictos de intereses relacionados con las inversiones en criptomonedas, han encontrado resistencia por parte de los republicanos y de quienes defienden la industria. Para ellos, estas disposiciones son excesivas.
Este estancamiento ha tenido consecuencias inmediatas en el mercado: las acciones de empresas relacionadas con criptomonedas como Coinbase y MicroStrategy cayeron drásticamente después de que el Comité Bancario del Senado cancelara la sesión de debate sobre dicho proyecto de ley. Esto demuestra la vulnerabilidad del sector ante la incertidumbre regulatoria..La incertidumbre relacionada con la Ley CLARITY ha acelerado una mayor redistribución de capital entre los mercados tradicionales y los criptoactivos. Los inversores institucionales, al sentirse más seguros debido a la clareza regulatoria en otras áreas, están tratando cada vez más los activos digitales como una parte esencial de su cartera de inversiones. Según un informe de AIMA, en 2025, el 55% de las fondos de inversión tradicionales ya tienen exposición a activos digitales, en comparación con el 47% en 2024.
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Este cambio no es unilateral. Las instituciones financieras tradicionales también se están adaptando al entorno de las criptomonedas. Los bancos están expandiendo sus servicios relacionados con la custodia de activos, la emisión de stablecoins y los productos financieros basados en tokens. Todo esto se logra gracias a las herramientas regulatorias y a las directrices revisadas, como la cancelación del Boletín de Contabilidad del Personal de la SEC n.º 121.
La Ley GENIUS, que estableció un marco federal para las stablecoins, ha contribuido aún más a esta integración. Las tendencias regulatorias a nivel mundial se están orientando hacia la tokenización de los activos del mundo real..Sin embargo, los retrasos en la implementación de la CLARITY Act pueden crear un vacío en el mercado. A medida que se acerca la implementación de la regulación sobre los mercados de criptoactivos en la UE, las empresas estadounidenses se enfrentan a la presión de adaptarse a un marco regulatorio más estructurado, pero también más restrictivo. O bien, deben optar por recurrir a jurisdicciones con reglas más claras.
Esta dinámica ya es evidente en las tendencias del capital de riesgo. Las startups buscan cada vez más financiación en Europa o Asia, con el objetivo de evitar la impredecibilidad de las regulaciones estadounidenses..Para los inversores, el estancamiento en la legislación CLARITY destaca la naturaleza dual del riesgo regulatorio: este riesgo puede tanto obstaculizar como catalizar la reasignación estratégica de recursos. A corto plazo, la incertidumbre podría seguir afectando las valoraciones de las criptomonedas, especialmente para aquellas empresas que dependen de las recompensas obtenidas con stablecoins o de valores tokenizados. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo dependen de si el Congreso logra conciliar sus diferentes prioridades.
Si la ley se aprueba de manera que equilibre la innovación con la protección de los inversores, eso podría consolidar a Estados Unidos como líder mundial en los mercados de activos digitales. Por el contrario, si no se resuelve este impasse, se corre el riesgo de perder terreno frente a jurisdicciones que cuentan con marcos legales más sólidos, como la Unión Europea, según lo establecido en el MiCA.
Para el sector financiero tradicional, los resultados de esta ley determinarán el ritmo y la escala de la integración de las criptomonedas en los sistemas financieros. Los bancos y los gestores de activos tendrán que decidir si profundizar sus ofertas relacionadas con las criptomonedas o seguir utilizando los modelos tradicionales.A medida que se acerca el año 2026, la Ley CLARITY sigue siendo un verdadero test para determinar si Estados Unidos puede lograr una armonización entre las ambiciones regulatorias y las realidades del mercado. Los riesgos no se limitan a los activos digitales; esto refleja una lucha más amplia por redefinir los límites de la innovación financiera en una era de rápidas transformaciones tecnológicas.
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